Mientras las guerras híbridas ya son una realidad y gobiernos de todo el planeta se ven enfrentados a ciberataques que incluyen el secuestro de servicios públicos y ataques a infraestructura crítica (muchos provocados por otros Estados), ya se avizora un desarrollo tecnológico en donde la inteligencia artificial encabezará los conflictos armamentistas.
En el plano ciudadano —con la aceleración digital sin precedentes del crimen organizado y la delincuencia— estamos sometidos a fraudes de identidad, robos de datos financieros, ciberacoso y pornografía infantil, además de amenazas empresariales como la extorsión a ejecutivos y clientes. Todo pasando frente a nuestros ojos en total impunidad, porque ni siquiera las encuestas de criminalización más respetadas del país consideran preguntas sobre este tipo de delitos.
Pero no es solo la ausencia del tema en el discurso político y las prioridades gubernamentales, ni la falta de legislación e institucionalidad, es sencillamente la falta de una visión sistémica que releve el hecho de que la ciberseguridad es parte fundamental de la seguridad de las naciones y que de esta depende en parte hoy la nueva configuración del poder político mundial.
Si la seguridad digital se menciona, se hace descolgada de la estrategia general de seguridad nacional. Mientras los países más avanzados ya cuentan con agencias de inteligencia que brindan apoyo a ciudadanos y empresas; las economías en vías de desarrollo —cuyas pymes se han digitalizado aceleradamente— se convierten en campo de prueba fértil para los hackers.
En Chile aún seguimos esperando la aprobación final de la Ley Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica y en tanto, la seguridad digital continúa siendo un problema privado del tipo ‘sálvese quien pueda’. Pese a que hoy el habilitador más importante para el crecimiento de las pymes es el digital, Chile aparece con la puntuación más baja de las 21 economías de Asia Pacífico en Ciber Resiliencia y Protección de Fraudes, entre muchas razones, porque las pymes no cuentan con un apoyo mínimo que les permita acceder a una oferta de servicios abordables en esta materia (ABAC y la Escuela de Negocios Marshall, 2022).
Así como la Unión Europea estableció acuerdos en temas como la usurpación de identidad, Chile debería alinearse con otros países para colaborar desde la fijación de estándares, legislación, defensa y aseguramiento de una infraestructura resiliente, hasta iniciativas para crear una identidad digital común o el desarrollo de capacidades internas —un elemento crítico— porque como dice Hadi Partovi, Ceo de Code, ‘no solo el reto es dotar de personal a la ciberdefensa, con cientos de miles de puestos de trabajo sin cubrir. Se trata de un problema de educación, porque el eslabón más débil de las ciberdefensas son las personas’.
Columna publicada en El Mercurio